La repercusión que la crisis económica ha tenido en el empleo real de los
medios de comunicación es demoledora, pero la reforma del despido objetivo
facilitará aún más la destrucción de empleo en este sector. Se amplía a 3
años la conversión en indefinido de la sucesión de contratos
temporales. Se amplía el tiempo de aplicación de los contratos en
prácticas, pervirtiendo su función ya que permite que haya licenciados a los
que se les pueda aplicar este contrato con las reducciones salariales
correspondientes. Se reforma la aplicación de los descuelgues salariales
de los convenios sectoriales, cuando el convenio de prensa diaria tiene
salarios anuales que, para las categorías más cualificadas de trabajadores
(licenciados), apenas superan los 20.000 euros brutos anuales. La mayoría de
los salarios se sitúan entre los 14.822 y los 17.636 euros brutos
anuales. Se incumplen los acuerdos o convenios de empresa, aunque la mayor
parte de las empresas ya se han encargado de romper las unidades de negociación
consolidadas en las principales empresas.
El gobierno insiste en que la reforma laboral ha sido realizada para crear
empleo y evitar despidos en el mercado de trabajo. Pero los hechos ocurridos en
los últimos tiempos en el sector de medios de comunicación no parecen darles la
razón. Un repaso a la situación general hace pensar todo lo contrario: si hasta
ahora se venían haciendo ajustes en las plantillas, ahora está habiendo
numerosos despidos en las empresas y propuestas de disminuciones salariales
bajo amenazas de recortes en esas plantillas.
En el apartado de la prensa escrita, hay que comenzar hablando de la
paralización del convenio del sector de Prensa Diaria, porque los empresarios
se van visto reforzados con la reforma y se niegan en redondo a la subida de
salarios. Por otra parte, lo más impactante ha sido el cierre de
"Público" y el comentario de su editor sobre que no sería el único
que iba a desaparecer a causa de la caída de la publicidad. El resto de diarios
y revistas han empezado a negociar con sus comités de empresa la necesidad de
prescindir de una parte de la plantilla o, para evitar esos despidos, hacer
notables recortes en salarios o beneficios sociales (comedor, transporte,
puestos de responsabilidad o planes de pensiones).
En el campo de la televisión, habrá que empezar señalando el recorte decretado
por el gobierno de 200 millones de euros en los presupuestos de la CRTVE. Algo
que afectará sin duda a la marcha de la televisión estatal. Pero es que la
situación no es mejor en la mayoría de las televisiones autonómicas, amenazadas
ahora de la privatización de sus servicios: proyecto de desaparición de la
asturiana, ERE de extinción en la valenciana que podría afectar a más de la
mitad de la plantilla, despidos y cambios de contrato en la andaluza, y amenaza
de recortes en todas por las pérdidas económicas.
Pero la más grave amenaza para las autonómicas está en el proyecto de
modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que hasta ahora
no permitía la externalización de todo lo relacionado con la información pero
si lo hará a partir de ese cambio. Están en peligro el modelo informativo,
incluyendo la veracidad, la pluralidad y la independencia de la información, y
también numerosos puestos de trabajo, puesto que las direcciones preferirían
externalizar este servicio para rebajar plantillas y no tener el problema de
los turnos, los relevos, los días libres o las vacaciones. Todo lo tendría que
resolver la empresa a la que le fuera otorgada la concesión.
Las televisiones privadas tampoco han sido ajenas a esta crisis. La Cuatro ha
sido englobada por Telecinco y La Sexta por Antena 3. Con lo que este sector
está actualmente en manos de dos empresas que manejan cada una ocho
canales y que, en el caso de Antena 3, está siguiendo un proceso de
externalización casi total de departamentos, que ya ha sido frenado por los
tribunales cuando los trabajadores y trabajadoras afectados han presentado
recursos. Por otro lado, hay canales de TDT que intentaron iniciar su andadura
con programaciones convencionales, caso de Veo 7 o Canal 10, y que ante las
pérdidas económicas han alquilado su licencia a multinacionales extranjeras que
a la hora de la verdad se limitan prácticamente a emitir una programación
realizada fuera de España y no generan ningún puesto de trabajo.
En el terreno de la radio, la situación no es mucho mejor. El recorte de
presupuesto en CRTVE debe afectar de alguna manera a Radio Nacional de España.
En el sector privado, se multiplican los rumores sobre el futuro de Punto
Radio, cadena en la que desde hace tiempo la mayor parte de sus emisoras son
postes repetidores y aun así recientemente ha habido varios despidos. Además
están el ERE de la SER que ha afectado a 180 trabajadores y trabajadoras, el ERE
que hizo ONDA CERO justo al comienzo de la crisis con un número similar de
bajas, y el ERTE de la COPE que envió a casa 62 días en un año a una buena
parte de la plantilla. La perspectiva de estas cadenas no es muy buena porque
la publicidad local, básica para su supervivencia, ha sufrido una caída
importante y ha desaparecido por completo la publicidad institucional local y
regional tras las elecciones del pasado mes de mayo. Lo que ya ha llevado a
algunas direcciones a sugerir la necesidad de recortes para evitar despidos.
La reforma laboral, hasta ahora, sólo ha aportado más facilidad para despedir y
los empresarios están aprovechando esta situación. Si no se pone coto, el
sector de medios de comunicación va a perder medios, profesionales, nivel de
salarios y ventajas sociales. Y si se pierden medios, ya nos contará el
gobierno del PP cómo va a conseguir crear empleo.
