Comisiones Obreras considera deplorable que la dirección general de Patrimonio utilice la prensa como propaganda de su proyecto y no facilite información a los representantes de los trabajadores. Recuerda que la pluralidad informativa que promete el gobierno regional no es una concesión a la plantilla y a la ciudadanía sino una obligación legal. Y se pregunta qué ha hecho la consejería de Hacienda con el presupuesto reservado este año para licitar la televisión
