Los medios de comunicación españoles han perdido en lo que llevamos de 2011 más de mil empleos, una cifra que triplica la correspondiente a todo 2010. Y el curso comienza con más anuncios de despidos. La empresa Mediapubli, editora del diario 'Público', ya ha anunciado un ERE que afecta al 20% de su plantilla. La semana pasada dos cabeceras locales, los diarios 'Información Jerez' e 'Información Bahía de Cádiz', ambos del grupo Publicaciones del Sur, anunciaron que podrían convertirse en semanales, en un paso más de la estrategia de los editores de acortar las plantillas
Mientras reducen la nómina y las plantillas, los consejos de administración se reparten millones de euros en primas. Como en Prisa: más de 10 millones de euros en primas en el primer semestre. La retribución de sus 16 vocales casi triplica los 3,6 millones del mismo período de 2010 y es una de las más altas entre las cotizadas españolas. Hace poco, los directivos de Prisa ponían en marcha su plan particular "de ajuste": despidos y recortes de derechos establecidos para la plantilla.
El actual Consejo de Administración está formado por Ignacio Polanco, Juan Luis Cebrián, Matías Cortés, Gregorio Marañón, Borja Pérez Arauna, Agnés Noguera y Manuel Polanco, a quienes se les unieron representantes de Liberty, fondo de inversión propietario de la mayoría de las acciones de la multinacional: Juan Arena, Nicolas Berggruen, Martin E. Franklin, Alain Minc, Emmanuel Roman, Harry Sloan y Ernesto Zedillo. Los cofundadores de Liberty Acquisition Holdings Corp. son Martin Franklin y el multimillonario inversor germano-estadounidense Nicolas Berggruen, dueño del think tank NBI, cuyo principal asesor es Cebrián, y que cuenta con otros miembros "pensadores" como Felipe González, Gerhard Schröder, Rodrigo Rato y Condoleezza Rice o invitados como Arnold Schwarzenegger.
El Consejo de Administración reúne a las mismas personas que decidieron imponer un sueldo "plano" a los trabajadores nuevos, tal y cómo denunció el Comité de empresa de El País en un comunicado cuyas palabras se cumplen ahora: "los responsables del Grupo Prisa consideran que los periodistas deben cobrar 18.000 euros brutos al año, mientras ellos se reparten millones a pesar de la crisis". Si los directivos se benefician mientras obligan a sus trabajadores a asumir el sacrificio por el bien de la multinacional, también los accionistas (entre los que se encuentran los mismos directivos) harán su negocio en Septiembre: "(…) la Asamblea de accionistas también aprobó la distribución de un dividendo de 0,75 euros por acción para los titulares de acciones preferentes cuyo pago se hará efectivo el próximo 29 de septiembre (…)".
Tampoco se libra el sector audiovisual. Ya hemos leído en algunos medios que las TV autonómicas EiTB y Canal 9 anuncian despidos. A lo que hay que sumar la intención de Cospedal de privatizar la TV de Castilla La Mancha, lo que en el PP llaman de "hoja de ruta" para el resto de comunidades autónomas. Rajoy anunció que si gana las elecciones generales, presentará una iniciativa parlamentaria para que las cadenas de la FORTA puedan elegir otro modelo de gestión, dando libertad a las comunidades para establecer otras formas de gestión distinta de las televisiones autonómicas, incluida su privatización.
Otro despropósito más es el concurso abierto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por un importe total de 5 millones de euros, para elegir a una empresa que se encargue del "seguimiento, control e inspección" de los contenidos de las televisiones y radios para asegurarse de que cumplen con lo establecido en la Ley Audiovisual. En el pliego de condiciones del contrato, el Ministerio reconoce que "debido al volumen del objeto del contrato y a la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos", la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, encargada de este control mientras no se cree el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) previsto en la misma ley, "no se halla en condiciones de afrontar tales tareas". Asimismo, se establece que la duración de contrato se extenderá desde el 2012 hasta el 2014, aunque podrá prorrogarse más allá de esta fecha. Tiempo ha habido suficiente para crear el CEMA, lo que ha faltado es voluntad política.
De esta manera, el Ministerio opta por contratar a un compañía privada para realizar las labores de inspección y asegurarse que las televisiones y radios respetan lo que establece la Ley Audiovisual.
CCOO vuelve a llamar la atención sobre la grave situación que atraviesan los medios de comunicación en España. El panorama mediático en nuestro país se presenta aun más sombrío, con más ajustes de plantilla, despidos, cierres y expedientes de regulación de empleo. En opinión de FSC-CCOO, algunas decisiones empresariales causan un daño irreparable a la función social de los medios de comunicación, así como a la necesaria pluralidad informativa y de opinión a la que tiene derecho la ciudadanía.
Un acuerdo para renovar y dinamizar el sector
CCOO vuelve a exigir un gran acuerdo de todos los agentes sociales, políticos e institucionales para renovar y dinamizar el sector de los medios de comunicación en España. CCOO considera que la precariedad laboral existente en los medios de comunicación ataca la libertad de opinión y de crítica y, consecuentemente, pone en riesgo una serie de valores democráticos y de progreso recogidos en la Constitución. Fenómenos como la concentración de medios y la supremacía de los intereses mercantiles y de empresa por encima de otros principios y derechos, pueden dar lugar a un escenario en el que se configure un páramo informativo que empobrecerá la capacidad crítica de los ciudadanos y atentará contra su derecho a estar informados, en un contexto de pluralidad informativa y respeto a las voces discrepantes. El ajuste continuado de empleo y condiciones laborales a la baja en los medios de comunicación camina en paralelo con el que están sufriendo otros sectores de la producción y los servicios. Sólo en un marco de unidad de los trabajadores y trabajadoras, y del conjunto de los sindicatos, es posible encontrar una salida a esta situación de crisis, que amenaza con ser estructural en el sector, devaluando las condiciones y los contenidos informativos.
CC.OO. pide que se adopten medidas que garanticen el empleo, la calidad y la pluralidad imprescindibles, entre las que estarían:
- Paralización de todos los procesos de regulación de empleo que no acrediten condiciones de acuerdo entre la dirección y la representación sindical de las empresas.
- Intervención exhaustiva de oficio de las instancias de control administrativo y laboral (Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria, Tesorería General del INSS) sobre las situaciones de irregularidad laboral y fiscal, que eviten situaciones de precariedad y de fraude que condicionen la viabilidad de las empresas.
- Promoción de la Mesa sobre la situación de los medios, compuesta por el Gobierno y por los agentes representativos (sindicales, profesionales y empresariales), que aborde la necesidad de adoptar medidas públicas que refuercen las condiciones necesarias para la viabilidad de los medios.
- La necesidad de avanzar y consolidar, un modelo de radio, televisión y nuevos servicios de comunicación, que cumpla con sus funciones de servicio público de calidad en la programación, y con los derechos laborales.
Mientras reducen la nómina y las plantillas, los consejos de administración se reparten millones de euros en primas. Como en Prisa: más de 10 millones de euros en primas en el primer semestre. La retribución de sus 16 vocales casi triplica los 3,6 millones del mismo período de 2010 y es una de las más altas entre las cotizadas españolas. Hace poco, los directivos de Prisa ponían en marcha su plan particular "de ajuste": despidos y recortes de derechos establecidos para la plantilla.
El actual Consejo de Administración está formado por Ignacio Polanco, Juan Luis Cebrián, Matías Cortés, Gregorio Marañón, Borja Pérez Arauna, Agnés Noguera y Manuel Polanco, a quienes se les unieron representantes de Liberty, fondo de inversión propietario de la mayoría de las acciones de la multinacional: Juan Arena, Nicolas Berggruen, Martin E. Franklin, Alain Minc, Emmanuel Roman, Harry Sloan y Ernesto Zedillo. Los cofundadores de Liberty Acquisition Holdings Corp. son Martin Franklin y el multimillonario inversor germano-estadounidense Nicolas Berggruen, dueño del think tank NBI, cuyo principal asesor es Cebrián, y que cuenta con otros miembros "pensadores" como Felipe González, Gerhard Schröder, Rodrigo Rato y Condoleezza Rice o invitados como Arnold Schwarzenegger.
El Consejo de Administración reúne a las mismas personas que decidieron imponer un sueldo "plano" a los trabajadores nuevos, tal y cómo denunció el Comité de empresa de El País en un comunicado cuyas palabras se cumplen ahora: "los responsables del Grupo Prisa consideran que los periodistas deben cobrar 18.000 euros brutos al año, mientras ellos se reparten millones a pesar de la crisis". Si los directivos se benefician mientras obligan a sus trabajadores a asumir el sacrificio por el bien de la multinacional, también los accionistas (entre los que se encuentran los mismos directivos) harán su negocio en Septiembre: "(…) la Asamblea de accionistas también aprobó la distribución de un dividendo de 0,75 euros por acción para los titulares de acciones preferentes cuyo pago se hará efectivo el próximo 29 de septiembre (…)".
Tampoco se libra el sector audiovisual. Ya hemos leído en algunos medios que las TV autonómicas EiTB y Canal 9 anuncian despidos. A lo que hay que sumar la intención de Cospedal de privatizar la TV de Castilla La Mancha, lo que en el PP llaman de "hoja de ruta" para el resto de comunidades autónomas. Rajoy anunció que si gana las elecciones generales, presentará una iniciativa parlamentaria para que las cadenas de la FORTA puedan elegir otro modelo de gestión, dando libertad a las comunidades para establecer otras formas de gestión distinta de las televisiones autonómicas, incluida su privatización.
Otro despropósito más es el concurso abierto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por un importe total de 5 millones de euros, para elegir a una empresa que se encargue del "seguimiento, control e inspección" de los contenidos de las televisiones y radios para asegurarse de que cumplen con lo establecido en la Ley Audiovisual. En el pliego de condiciones del contrato, el Ministerio reconoce que "debido al volumen del objeto del contrato y a la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos", la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, encargada de este control mientras no se cree el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) previsto en la misma ley, "no se halla en condiciones de afrontar tales tareas". Asimismo, se establece que la duración de contrato se extenderá desde el 2012 hasta el 2014, aunque podrá prorrogarse más allá de esta fecha. Tiempo ha habido suficiente para crear el CEMA, lo que ha faltado es voluntad política.
De esta manera, el Ministerio opta por contratar a un compañía privada para realizar las labores de inspección y asegurarse que las televisiones y radios respetan lo que establece la Ley Audiovisual.
CCOO vuelve a llamar la atención sobre la grave situación que atraviesan los medios de comunicación en España. El panorama mediático en nuestro país se presenta aun más sombrío, con más ajustes de plantilla, despidos, cierres y expedientes de regulación de empleo. En opinión de FSC-CCOO, algunas decisiones empresariales causan un daño irreparable a la función social de los medios de comunicación, así como a la necesaria pluralidad informativa y de opinión a la que tiene derecho la ciudadanía.
Un acuerdo para renovar y dinamizar el sector
CCOO vuelve a exigir un gran acuerdo de todos los agentes sociales, políticos e institucionales para renovar y dinamizar el sector de los medios de comunicación en España. CCOO considera que la precariedad laboral existente en los medios de comunicación ataca la libertad de opinión y de crítica y, consecuentemente, pone en riesgo una serie de valores democráticos y de progreso recogidos en la Constitución. Fenómenos como la concentración de medios y la supremacía de los intereses mercantiles y de empresa por encima de otros principios y derechos, pueden dar lugar a un escenario en el que se configure un páramo informativo que empobrecerá la capacidad crítica de los ciudadanos y atentará contra su derecho a estar informados, en un contexto de pluralidad informativa y respeto a las voces discrepantes. El ajuste continuado de empleo y condiciones laborales a la baja en los medios de comunicación camina en paralelo con el que están sufriendo otros sectores de la producción y los servicios. Sólo en un marco de unidad de los trabajadores y trabajadoras, y del conjunto de los sindicatos, es posible encontrar una salida a esta situación de crisis, que amenaza con ser estructural en el sector, devaluando las condiciones y los contenidos informativos.
CC.OO. pide que se adopten medidas que garanticen el empleo, la calidad y la pluralidad imprescindibles, entre las que estarían:
- Paralización de todos los procesos de regulación de empleo que no acrediten condiciones de acuerdo entre la dirección y la representación sindical de las empresas.
- Intervención exhaustiva de oficio de las instancias de control administrativo y laboral (Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria, Tesorería General del INSS) sobre las situaciones de irregularidad laboral y fiscal, que eviten situaciones de precariedad y de fraude que condicionen la viabilidad de las empresas.
- Promoción de la Mesa sobre la situación de los medios, compuesta por el Gobierno y por los agentes representativos (sindicales, profesionales y empresariales), que aborde la necesidad de adoptar medidas públicas que refuercen las condiciones necesarias para la viabilidad de los medios.
- La necesidad de avanzar y consolidar, un modelo de radio, televisión y nuevos servicios de comunicación, que cumpla con sus funciones de servicio público de calidad en la programación, y con los derechos laborales.
