En este
informe se remarca que no es necesaria una reforma legislativa para lograr una
mayor eficiencia económica en las empresas afectadas, porque la actual Ley
permite a los gestores modificar los actuales parámetros en cualquier momento
Tras un exhaustivo análisis
del Anteproyecto de reforma de la LGCA, una Ley tan reciente que entró en vigor
en mayo de 2010, CCOO considera que no son necesarios cambios porque el texto
actual dispone de instrumentos más que suficientes para que los gestores de las
empresas revisen los costes de producción y, si es preciso, la financiación necesaria.
Todo ello cumpliendo criterios objetivos que no afecten a las normas europeas
de competencia y con requisitos muy precisos para que la compensación de su
coste no pueda ser considerada ayuda del Estado.
CCOO cree que la legislación vigente permite a las diferentes administraciones
disponer de la flexibilidad suficiente para determinar a qué programas no les
podrá ser aplicada la prohibición de una cesión a terceros, mediante lo que se
estipule en cada mandato marco. Siempre teniendo en cuenta que esta
legislación no permite incluir los programas informativos dentro de
cualquier posible cesión.
Considerando esta circunstancia, CCOO cree que las propuestas del Anteproyecto
parecen dirigirse muy concretamente a la eliminación de la prohibición de
cesión a terceros de los programas informativos. Algo que rechaza totalmente
este Sindicato, porque estos programas gozan en la actualidad y deberían seguir
gozando de una especial protección al ser el corazón de la distinción del
servicio público y un factor primordial de su identidad, no entrando esta
especial protección en contradicción con la legislación comunitaria.
Para CCOO, la reforma de esta Ley puede introducir dosis de inseguridad
jurídica o de indeterminación, e incluso podría afectar a las condiciones que
deben observar los operadores públicos para un adecuado cumplimiento del
mandato que les ha sido otorgado en algo considerado como servicio público
esencial.